Veinte entidades exigieron el fin de los operativos.En un petitorio afirman que hubo golpes a jóvenes.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Luego de que los dirigentes de la filial local de Corriente Militante por los Derechos Humanos solicitara un amparo ante el juez Héctor Leguizamón Pondal contra los patrullajes de fuerzas conjuntas, otras entidades confeccionaron un petitorio para "el inmediato retiro de las fuerzas de seguridad que no tienen jurisdicción en la provincia". Lo hicieron exigiendo que "cesen actividades represivas y arbitrarias".

El petitorio está dirigido al gobernador Miguel Saiz, a la Legislatura de la Provincia, al Superior Tribunal de Justicia, al ministro de Gobierno, al intendente y al Concejo Municipal. En el documento denuncian que están siendo violados los intereses colectivos de la comunidad, "la integridad física de las personas, la garantía de legalidad en la detenciones y en los operativos de las fuerzas de seguridad, viviendo un estado de amenaza permanente e intimidatoria (se detiene a los jóvenes en la calle, se les pega, se les impide la libre circulación por la vía pública, se irrumpe en las casas sin órdenes de allanamiento, se golpea a la gente que encuentran en ellas, se destrozan sus pertenencias, se los expone a situaciones de total vejación, se revisa a los alumnos a la entrada de las escuelas, y demás situaciones irregulares), que esta focalizada en los sectores más vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, los barrios del Alto".

También objetan en su presentación el abuso de atribuciones de los poderes del Estado y el desconocimiento sobre qué legislación sustenta los operativos de las fuerzas conjuntas y quiénes son los responsables de las actuaciones "inconstitucionales y fuera de jurisdicción" a las que definen como ilegales.

Después de realizar otras críticas consideraciones, los firmantes, 20 entidades entre las que se destacan la APDH, la Pastoral Social y la Comunidad del Limay, exigen el retiro de "las fuerzas de seguridad que no tienen atribuciones jurisdiccionales en la provincia para realizar estos operativos, que las fuerzas con jurisdicción en la provincia suspendan en forma inmediata el accionar represivo y arbitrario, y que se garantice una verdadera seguridad para nuestros menores y la comunidad en su totalidad, casa, comida, trabajo digno, afecto, salud, educación y justicia".

El titular de la Regional Tercera, Héctor Sifuentes, a cargo de coordinar los operativos, aseguró que en ninguna dependencia policial habían recibido denuncias sobre vejaciones o malos tratos, y anticipó que no iban a tolerar excesos en las atribuciones.

Rosa Riffo, fundadora e integrante del grupo "Familia, mantel y mate" y madre de Luis "Titi" Almonacid, un joven cuya muerte a manos de un policía nunca fue esclarecida, expuso que "la policía trae la indignación a los barrios, porque los chicos entienden si uno les habla, pero ellos no les hablan, los zamarrean, los estropean y así no vamos a tener ninguna seguridad". Agregó que "los BORA vinieron acá todos armados, queriendo entrar a las casas sin autorización", y que "así como ellos nos piden identificación, nombre, apellido, domicilio, barrio, todo, también queremos que ellos se identifiquen delante de nosotros".