Los Andes, Mendoza, 19/10/05


Investigan a policías por presunto abuso sexual contra dos chicas

Por Jorge Hirschbrand

Una mujer denunció ayer en una fiscalía que sus dos hijas habrían sido abusadas sexualmente por efectivos policiales en la comisaría 31 de Pedro Molina. Habría ocurrido el sábado pasado a la noche, y los más comprometidos serían los uniformados que iban en el móvil en que fueron trasladadas las adolescentes.

Por razones legales no se dan a conocer las identidades de las menores ni de su madre. Se sabe que las denunciantes son de Guaymallén y fueron detenidas en las inmediaciones de Pedro Molina y Húsares, de ese departamento. La chicas tienen 12 y 15 años, y cuando su madre fue informada por la policía que habían sido arrestadas, le comunicaron que era porque estaban tomando alcohol y haciendo gestos obscenos en la calle.

Las hermanas fueron trasladadas en un patrullero hasta la comisaría 31. En el calabozo, un grupo de policías les habría sugerido que, si querían quedar libres sin que se enterara su madre, deberían hacer algún tipo de concesión sexual. Como las menores se habrían negado, los efectivos se habrían puesto en contacto con su madre.

"Recién me dijeron que estaban detenidas a las 23, y que lo habían hecho para cuidar la integridad de mis hijas. Al parecer las chicas venían caminando del Centro con amigos cuando las agarró la policía", explicó ayer la mujer. De ser confirmada su declaración, sus hijas estuvieron detenidas en una comisaría común dos horas, situación que involucraría a los efectivos en una falta grave en el procedimiento.

Una vez que la madre fue informada -y siempre según el testimonio de la mujer- las chicas fueron trasladadas a la Comisaría del Menor, donde quedaron libres el mediodía del domingo.

Inicialmente la denuncia había sido radicada en la Sexta Fiscalía de Instrucción, a cargo de Paula Quiroga. Sin embargo, por la fecha, le correspondía hacerse cargo de la causa y recibir la presentación a la Quinta Fiscalía.

Ayer a última hora la fiscal Susana Muscianisi recibió a la madre y a sus dos hijas y les tomó declaración. El próximo paso procesal será elevar el expediente al Séptimo Juzgado de Instrucción, de turno el 15 de setiembre a la hora en que supuestamente ocurrieron los hechos.

Cuando el juez Eduardo Martearena reciba la causa sabrá cuál es la primera impresión que la fiscal Muscianisi tuvo del caso; si considera que hubo un delito y pide un requerimiento de instrucción o decide archivarla.

Si hay pruebas suficientes para imputar a los efectivos, se trataría de un abuso sexual agravado, por tratarse de miembros de fuerzas de seguridad. En ese caso, la pena mínima sería de tres años de prisión, ya que la máxima varía por las edades de quienes serían las víctimas.