El juez en lo contencioso administrativo de la ciudad Roberto Gallardo había ordenado que el gobierno porteño pagara un subsidio de 205 pesos por hijo a cada familia de cartoneros con la finalidad de que los menores no trabajaran en la calle, pudieran continuar sus estudios y que esa disminución de los ingresos no afectara la economía familiar.

Gallardo había dispuesto, además, que se hiciera un seguimiento de estos chicos, por lo que le impuso al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y al vicejefe, Jorge Telerman, una multa de 500 pesos diarios, descontados de sus sueldos hasta tanto cumplieran la medida.

Gallardo había dicho que estos niños eran invisibles para el Estado y que precisamente por ello el gobierno no se ocupaba de esos menores. "Pueden existir -como de hecho existen- decenas de normas, tratados y doctrinas que nos hablen de los derechos humanos y específicamente de los derechos de los niños, pero de nada sirven esas reglas si el Estado ni ve ni hace. Los funcionarios Pilatos que "miran para el costado hacen del poder en el Estado un fin en sí mismo y son incapaces de convertir su misión en un servicio hacia los demás. Esos funcionarios Pilatos y ese Estado autista hacen de este laissez faire el más siniestro de los caminos sociales", había dicho el juez en una dura resolución no exenta de cuestionamientos políticos.

El gobierno porteño la apeló y recusó al juez. No obstante, mantuvo en una audiencia con el magistrado y los cartoneros para ejecutar los pagos, pues así lo había ordenado la sentencia, pero no hubo acuerdo. Así las cosas hasta que ayer vencieron los plazos y, ante el incumplimiento en el pago, los cartoneros, por medio del centro Justicia Básica pidieron que se ejecutara la sentencia. Además, convocaron a otros padres cartoneros inscriptos en el registro oficial a que hoy concurran al juzgado en lo contencioso porteño para reclamar el subsidio.