Con la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes por fin se supera la Ley de Patronato de Menores, de 1919, una norma anacrónica que reducía a los chicos a meros objetos a los que había que brindarles tutela.

La adhesión del país a la Convención sobre los Derechos del Niño —la cual pasó, con la reforma de 1994, a tener jerarquía constitucional— hizo indispensable dictar un nuevo régimen interno, adecuado al marco internacional y constitucional.

La urgencia de hacerlo estuvo motivada, además de la situación gravísima de la infancia en el país, por el hecho de que en los últimos diez años la mayoría de los jueces se mostraron renuentes a aplicar en la resolución de sus casos los términos de la referida Convención.

De ahora en más, y por la reforma introducida, las personas menores de 18 años son reconocidas como sujetos y las instituciones deben garantizar el cumplimiento de los derechos que tienen.

Además, se crea la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyas manos estará, finalmente, la responsabilidad de velar por la aplicabilidad del conjunto de garantías establecidas en favor de los menores.

Es importante que esta designación recaiga sobre una personalidad destacada en materia de lucha por los derechos de los menores y con probada capacidad de organizar y gestionar; también deberán asignarse los recursos necesarios para cumplir con la tarea.

El nuevo régimen, que contó con una muy importante adhesión parlamentaria, da un paso significativo, que repara la desatención legislativa en esta materia que venía desde la recuperación de la democracia.

Pero esta medida es, por sí sola, insuficiente, y se necesita que se construya una cultura institucional que trate a las personas menores de 18 años como verdaderos sujetos. Junto a este cambio, es urgente revertir la pobreza que afecta a más de la mitad de los menores del país.

Un nuevo régimen de protección otorga a los menores derechos adecuados a los mandatos constitucionales e internacionales. Para que sean efectivos es necesario implementar políticas para reducir la pobreza de sus hogares.