La Corte Suprema de Justicia estableció que un menor no puede ser condenado como si fuera un adulto, al declarar “arbitraria” la pena a prisión perpetua que se había impuesto a un joven que tenía 16 años cuando mató a un comerciante al que había asaltado. Aunque no declaró inconstitucional la posibilidad de condenar a un menor a perpetua –como esperaban los organismos de derechos humanos–, la Corte emitió la resolución que genera expectativas en una decena de jóvenes condenados por crímenes cometidos cuando eran menores y que cumplen prisión de por vida. La decisión fue tomada en el caso de Daniel Enrique Maldonado, hoy de 23 años, quien en 1998 robó un negocio y mató de un tiro al comerciante, que salió corriendo a perseguirlo tras el asalto. En el 2000, un tribunal de menores lo condenó a 14 años de prisión y fue internado en el Instituto Agote, del barrio de Palermo, del que salió para cometer otro asalto, donde disparó a un policía y tomó de rehén a una mujer embarazada. Fue entonces que la Cámara Nacional de Casación Penal analizó los dos casos y le impuso la prisión perpetua, pero la defensora oficial Stella Maris Martínez –actual titular de la Defensoría General de la Nación– pidió la revisión a la Corte y planteó la inconstitucionalidad del fallo porque contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994. En total, la Justicia condenó doce veces a prisión o reclusión perpetua a jóvenes que cometieron delitos antes de los 18 años; uno de ellos falleció este año en una cárcel de Mendoza. Aún hay nueve casos vigentes. De hecho, seis de ellos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigió al Estado argentino una solución inmediata a esta problemática. Tras la advertencia de la CIDH hacia la Argentina –único país de Latinoamérica, hasta hoy, que aplicaba la prisión perpetua a menores de edad–, el Gobierno empezó a plantear la idea de impulsar una ley que ponga una limitación a la pena privativa de la libertad para los menores de 18 años.