Lo denunció la Defensoría General de la Nación; la Corte Suprema resuelve si reducirá la condena de un joven homicida.

Por Jesús A. Cornejo
De la Redacción de LA NACION

En momentos en que la Corte Suprema está por aprobar un fallo que resuelve que los menores de edad no sean juzgados -sin importar la gravedad del delito- con las mismas penas que los mayores, se supo que la Argentina es el único país en América latina en aplicar sentencias de reclusión perpetua a menores de 18 años.

Según la Defensoría General de la Nación, actualmente hay en el país once casos de menores condenados a cadena perpetua. La mayoría de ellos fueron detenidos y juzgados por haber cometido algún delito grave, como el homicidio.

Estas penas están en plena contradicción con lo que disponen los organismos internacionales de derechos del niño y la propia Constitución. Esto fue para que la Defensoría General presentara cuatro denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, la idea de reducir condenas a menores de edad es materia de un amplio debate en el seno de la sociedad argentina, que ve multiplicarse los hechos y delitos violentos protagonizados por chicos y adolescentes que no superan los 17 años.

Este debate se calentó, aún más, por la inminente resolución del máximo tribunal en la causa de Daniel Enrique Maldonado, un joven de 23 años condenado a prisión perpetua por un homicidio que cometió cuando tenía 17 años (ver recuadro). La resolución de la Corte podría producir un fuerte impacto en todas las causas similares en las que están implicados menores.

Jóvenes y delitos violentos

Consultado por LA NACION, el empresario Juan Carlos Blumberg dijo que la idea de reducir condenas a menores es muy grave. "Creo que todo debe ser al revés. Hoy los chicos son protagonistas de hechos y delitos violentos. Son mucho más despiertos y vivos. Por eso es bueno copiar ejemplos como el de Chile, que han bajado la edad de imputabilidad de los menores", opinó.

Blumberg agregó que "hay un sector de la juventud, de entre 13 y 18 años, que es casi incontrolable. Son desocupados y no estudian. Para ellos sería bueno crear en los cuarteles militares escuelas de artes y oficios para que tengan un futuro.".

Sistema penal juvenil

Los organismos defensores de los niños coinciden en que el problema de fondo es que los chicos son juzgados con el mismo Código Penal redactado para los mayores. "Habría que crear un sistema penal juvenil. Está mal que un menor sea condenado a prisión perpetua. Porque esa pena está en plena contradicción con los Convención de los Derechos del Niño", señaló María Elena Naddeo, presidenta del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la funcionaria, en otros países los menores sólo tienen penas de entre tres y doce años. "No puede ser que un chico, que aún no está desarrollado como persona, sea juzgado con el mismo rigor que se le aplica a un mayor, que tiene plena conciencia."

El abogado de Protección Especial de la Unicef, Martiniano Terragni, dijo que el Congreso tiene una deuda pendiente respecto de la adecuación de las normas a la Convención sobre los Derechos del Niño y creación de un nuevo sistema de justicia penal para menores de edad.

"Actualmente rige la aplicación del decreto ley de la última dictadura militar N° 22.278 -régimen penal de la minoridad-, que establece desde los 16 años la posibilidad de la aplicación a un niño de una pena igual a la aplicable a los adultos por delitos cometidos teniendo menos de 18 años de edad (artículo 4° de la ley citada), lo que en principio, ya de por sí, contradice el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño", se quejó el abogado de la Unicef.

"La Convención Internacional establece expresamente -agregó- en el mismo artículo 37 que no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad y que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se hará de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Sin embargo, la realidad quiebra la letra de los compromisos asumidos por la Argentina."

Percepción de impunidad

La directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak, opinó que cuando se habla de minoridad, la sociedad tiene una cierta percepción de impunidad.

"La gente -dijo- tiene que entender que nosotros no queremos que los crímenes queden impunes, que no se castigue a los menores. Pero todo debe hacerse en un marco adecuado a las normas y pactos internacionales."

Según Pochak, es una falacia decir que se baje la imputabilidad de los chicos. "Hay mucha hipocresía en la sociedad. Los chicos deben responder por los delitos que cometieron y ser condenados, pero de acuerdo a un marco normativo, no con las penas que tienen los mayores", sentenció.

Maldonado, el caso que puede sentar jurisprudencia

El 28 de febrero de 1998, con 16 años de edad, Daniel Maldonado robó un comercio. Cuando huía junto con tres cómplices fue perseguido por uno de los comerciantes damnificados.

Según determinó la Justicia, Maldonado asesinó de un disparo en el tórax a Víctor Aramayo, el comerciante que lo persiguió después del robo.

El 5 de mayo de 2000, cuando ya había cumplido 19 años, un tribunal de menores lo condenó a 14 años de prisión. Condena aplicable a partir de los 21 años.

Desde el momento del crimen, el muchacho fue internado en el instituto de menores Luis Agote. En una "licencia de salida", Maldonado volvió a cometer un hecho delictivo.

En esa oportunidad, en un intento de robo, el joven disparó contra policías que intentaron detenerlo. En su huida, Maldonado tomó de rehén a una mujer embarazada a la que obligó a conducir su auto a alta velocidad bajo amenaza de muerte.

Su caso llegó a la Cámara de Casación Penal, tribunal de alzada que hizo lugar a un pedido de un fiscal para elevar la condena de Maldonado a la pena de prisión preventiva.

Según enfatizó la defensa de Maldonado, los miembros de la sala de Casación que fijaron perpetua a Maldonado, Juan Rodríguez Basavilbaso, Liliana Catucchi y Alfredo Bisordi, no cumplieron con el requisito previo de mantener una entrevista personal con el joven, a quien nunca conocieron.

El planteo de la defensa también apunta a lograr que se retrotraiga la condena a los 14 años que había fijado el tribunal oral, anulada por Casación.

La defensora oficial ante la Corte Suprema Stella Maris Martínez presentó un recurso de queja, por primera vez admitido en el máximo tribunal.