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Página 12 Buenos Aires, 23/4/04 De la tutela a la responsabilidad Entrevista a Laura Musa. Aunque comunicado como una “baja de edad de imputabilidad”, el proyecto de ley penal para menores presentado por el Ejecutivo tiene fuertes coincidencias con el de “Responsabilidad penal para adolescentes” que la diputada Laura Musa viene impulsando desde 1997. Cu�les son las diferencias entre un mecanismo tutelar que imagina adolescentes sin voluntades (para institucionalizarlos), y uno que los sit�a como sujetos con derechos. Por Soledad Vallejos Esta semana pas� algo curioso. Mientras alg�n gran diario argentino explicaba que el nuevo “Plan” lanzado por el Gobierno para combatir la inseguridad incluye, entre otros item, a los “menores culpables” y algunas voces tej�an un cerco infranqueable gracias a las bondades ret�ricas del sentido com�n (“los menores est�n matando gente. Los menores, manejados por sus padres”, pero si al menor “se lo tiene retirado de la sociedad, no va a tener la posibilidad de matar a otro individuo o de cometer un delito nuevamente”, declar� impecablemente Juan Carlos Blumberg el lunes a una radio), algo se estaba perdiendo en el camino. Y es que echada a rodar la idea de que el proyecto del Poder Ejecutivo inclu�a la “baja de la edad de imputabilidad”, lo que se escuch� fue una m�sica feroz, que no alentaba dudas y ayudaba a los distra�dos a identificar f�cilmente al enemigo. “La realidad –colabor� Felipe Sol�, haciendo gala una vez m�s de una s�lida vocaci�n garantista– nos indica que menores que han asesinado o han sido peligrosos son soltados por jueces de menores de manera irresponsable, y despu�s se convierten en un peligro p�blico.” La realidad misma, entonces, era la que se�alaba con el dedo a “los menores” y era por eso que parec�a estar habl�ndose, finalmente y para satisfacci�n de los sectores manoduristas, de bajar la edad de imputabilidad, esto es, habilitar que desde antes de los 16 a�os (el m�nimo que rige actualmente) los menores puedan ser sometidos a procesos penales con sanciones id�nticas a las que se aplican a los adultos. Sin embargo, el proyecto que ser� tratado en el Congreso no plantea tanto una ampliaci�n del universo penalizable (lo que implica, por otra parte, un redimensionamiento del campo del delito por parte de la sociedad) como una reforma integral del sistema actual que –en nombre de un accionar tutelar que considera a los menores de edad como objetos y no como sujetos de derecho– viene esboz�ndose al menos desde 1997 en un proyecto de “Responsabilidad Penal Juvenil” de la diputada del ARI Laura Musa. –Hay dos concepciones acerca del tratamiento de la infancia y su relaci�n con el Estado cuando los chicos cometen un delito. Una que es avalada por la Declaraci�n de los Derechos del Ni�o y que est� incluida en la Constituci�n nacional –justamente por lo cual toda la legislaci�n actual deber�a caer por inconstitucional– entiende que los chicos son ciudadanos. La otra no los contempla como sujetos de derecho. La condici�n jur�dica de ni�@s y adolescentes argentin@s actualmente est� regulada por la ley 10.903 (la ley Agote, que alimenta el esp�ritu del Patronato), que concede al Estado un poder absoluto e incuestionable sobre la vida de adolescentes de hasta 16, y el R�gimen Penal de Minoridad (las leyes 22.278 y 22.803, originadas durante la �ltima dictadura), por el cual los adolescentes pueden ser punidos a partir de los 16. Hipot�ticamente, la ley Agote permite que el derecho penal vigente para mayores de edad no se aplique sobre los menores, aunque esa hipot�tica sustracci�n al r�gimen penal redunda en los hechos en el ingreso a un mundo del que resulta extremadamente complejo salir: los institutos de menores y el proceso de institucionalizaci�n, donde eufemismos como “el juez padre, la pena como bien y el proceso como rito pedag�gico” (la cita corresponde al pr�logo que Emilio Garc�a M�ndez y Shimol Pinto elaboraron para Sentencias de reclusi�n perpetua y prisi�n perpetua a personas menores de 18 a�os de edad en la Rep�blica Argentina, editado por Unicef y el Colegio P�blico de Abogados de Capital Federal) avalan un proceso que viene a afianzar situaciones de exclusi�n social. Alejados de sus familias y de sus grupos de pertenencia, los chicos y las chicas pueden ser institucionalizados, indistintamente, por dos motivos: tanto por prevenci�n y para su protecci�n (en el caso de la institucionalizaci�n “asistencial”) como por su hipot�tica participaci�n en su delito (la institucionalizaci�n “penal”, que desdibuja con su nombre el hecho de que no hay proceso judicial, ni probatorio ni sancionatorio capaz de asegurar que existi� un delito). –El sistema actual es ambiguo, y permite que los jueces tengan un poder discrecional para hacer lo que quieran con los menores de 16 a�os. El proyecto presentado por el Gobierno tiene gran semejanza con el que hab�amos presentado nosotros, excepto en las penas, que son m�s altas. Pero “responsabilidad penal” no quiere decir bajar la edad de imputabilidad, que es entrar desde m�s joven (ahora son 16 a�os, algunos piden que sea desde los 14) (N. de R.: Hay quienes van m�s all�. Adri�n Menem solicit� que se habilite la imputabilidad a partir de los 10 a�os) al sistema penal de adultos. Otra concepci�n, que es la que yo sostengo, es armar un sistema penal juvenil espec�fico para los chicos de entre 14 y 18 a�os que cometen delitos, un sistema que no tiene nada que ver con las penas de los adultos, que tiene un procedimiento distinto, que tiene instituciones judiciales distintas, y que adem�s deja claramente constancia de que esto significa elevar la edad de punibilidad, porque hasta los 18 a�os no ingresa en el sistema penal de adultos. Lo parad�jico es que lo �nico que estamos pidiendo con un sistema de este tipo es que los chicos, antes de ser privados de libertad, tengan por lo menos las mismas garant�as procesales que vos y yo. Pero, adem�s, necesitan otras cosas, no s�lo las garant�as, sino un plus, porque ellos est�n en una etapa de desarrollo donde probablemente se les haga m�s dif�cil comprender lo antijur�dico del hecho que han cometido. Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber dos tipos de sanciones: unas que se apliquen a chicos de entre 14 y 16, y otras que sean aplicables a chicos de entre 16 y 18. Frente a hechos considerados como delitos, el Estado tiene que relacionarse con estos menores de edad de un modo legal y democr�tico, es decir, constitucional, que ahora no existe. En el sistema que proponemos, un juez que tiene delante a un chico que se presume que cometi� un delito, primero tiene que probarlo, no puede decir como s� pasa ahora “te mando a un instituto porque algo hiciste, no queda claro qu�, pero como sos menor sos inimputable y no ten�s que probar nada”. Porque actualmente no se prueba la autor�a, el chico no tiene abogado, pero por las dudas se lo manda a un instituto para ense�arle "c�mo relacionarse bien con la sociedad". Ning�n adulto tolerar�a eso. Es estar en una instituci�n de reclusi�n como son los institutos de menores, sin acusarte de un delito, sin haber tenido el debido proceso, y por tiempo indeterminado, porque en realidad es hasta que al juez le llegue alg�n informe de un bur�crata de los institutos diciendo si el chico est� en condiciones de salir o no, o de devolv�rselo a la familia o no. Esto, en cambio, es dotar de un sistema de legalidad a las sanciones que ahora ya se est�n aplicando. Nosotros proponemos un sistema de sanciones con un debido proceso previo, sanciones adecuadas a la edad de los chicos, �rdenes de conducta, y siempre con probations antes, que permite que el fiscal pueda archivar la pretensi�n de juicio si ve que se dan las condiciones; con un sistema muy flexible para favorecer que el chico, una vez que es responsabilizado del delito, pueda tener una conducta tal que le permita cumplir una sentencia; y que adem�s las sanciones sean sanciones de ser cumplidas para que el chico no pierda su escolaridad, su pertenencia a su familia, y que sean, en general, �rdenes de conducta, es decir, de hacer o no hacer determinadas cosas, o trabajos para la comunidad. –Es una intervenci�n menos radical en la vida cotidiana del chico, y m�s tendiente a la inclusi�n. –Es una intervenci�n para que entre el chico y el Estado, a trav�s del juez, haya reglas. La legislaci�n actual es muy arbitraria: le dice al juez que puede hacer lo que quiera con ese chico. Lo puede mandar a su casa, como pasa con los sectores medios, o puede pasar lo que tratan de hacer con los sectores m�s pobres: una pol�tica social reforzada. Algunos jueces los env�an a institutos porque ah� van a comer, van a estudiar, pero no se dan cuenta de que no deja de ser una sanci�n, porque esos chicos est�n privados de la libertad. Entonces, proponemos que entre el chico y el Estado haya reglas, las del sistema de responsabilidad penal juvenil: el juez, despu�s de un debido proceso, va a terminar responsabilizando o no al chico por una acci�n disvaliosa; y le aplicar� una sanci�n que puede llegar a terminar antes, de acuerdo con c�mo la cumpla, porque el proyecto contempla la remisi�n. Entonces, el chico se convierte en ciudadano, porque si otro comete la misma acci�n que �l, va a tener la misma sanci�n, es un principio de igualdad ante la ley. 1997 fue el a�o en que el pacto tutelar que parec�a revestir las acciones de los juzgados de menores se resquebraj�: a partir de entonces, y hasta 2003, como recoge Sentencias de reclusi�n..., al menos 12 fueron condenados a sentencias perpetuas por delitos que hab�an cometido cuando a�n eran menores de edad, pero que fueron juzgados (alojamiento en institutos de menores mediante) poco despu�s de que se convirtieran en mayores. –El sistema penal actual es absolutamente arbitrario para los menores de 16, y brutalmente punitivo por encima de los 16, porque a pesar de decir que son relativamente inimputables, en realidad tienen imputabilidad plena. Si no, no terminar�an en esas instituciones. Muchos bien intencionados est�n en desacuerdo con la idea de responsabilidad penal porque dicen que los que esos chicos necesitan es m�s escolaridad, m�s comida, que son los m�s excluidos. Y efectivamente el sistema penal atrapa a los m�s excluidos. Entonces, dicen “c�mo vamos a penalizarlos por hechos disvaliosos que cometen cuando, en realidad, la sociedad est� en deuda con ellos”. Y es verdad. Ahora, si no tomamos una medida, estos chicos van a estar excluidos de lo alimentario, de lo social, de lo educativo, y adem�s van a seguir con estas penas brutales por las cuales “por su bien” los encierran en institutos. Yo digo que no invoquemos el tema de las pol�ticas sociales ausentes para reforzar su pertenencia a los institutos porque ah� les van a dar de comer. Es como decirle a un adulto: “Si sos pobre, mejor te metemos preso porque ah� vas a tener comida y techo”. Es mezclar pol�ticas sociales con un reforzamiento judicial. Un adulto no lo aceptar�a porque la libertad es su primer valor. Para un chico, tambi�n es su primer valor. Sin embargo, sigue habiendo la defensa de un sistema tutelar y se sostiene que los institutos son la mejor opci�n; es un no tratar al adolescente como ciudadano. Lo que ha habido ac� es una apropiaci�n por parte del Estado no s�lo de los menores de edad, sino de los menores de edad pobres y sin posibilidad de defenderse, con los que los jueces pueden obrar discrecionalmente. Entonces, siempre volvemos a lo mismo: toda la discusi�n gira en torno a si entre los 14 y los 18 van a ser personas de derecho, o no; si van a tener un sistema constitucional de garant�as o no. –�Cu�ntos chicos y chicas en institutos hay ahora? –En provincia de Buenos Aires, que es donde est� la mayor cantidad, son alrededor de 10 mil. Es muy dif�cil saber, porque la legislaci�n no lo permite, cu�ntos entraron por una infracci�n penal o por una acci�n asistencial. Definitivamente, no hay 10 mil menores asesinos en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, este sistema, que parece tan tutelar y que no quieren que cambie, termina con perpetuas para menores de edad. Por eso, este sistema vigente es arbitrario e injusto, carece de las garant�as constitucionales que s� tienen los adultos. Argentina es el �nico pa�s de Am�rica Latina que tiene chicos con sentencias a perpetua y a reclusi�n perpetua (que no se puede bajar) por delitos cometidos cuando estos j�venes eran menores de edad. Los esperan. Los tienen por un plazo indeterminado en los institutos, a los 18 les hacen el juicio oral y los sentencian como adultos.

De la tutela a la responsabilidad

Entrevista a Laura Musa. Aunque comunicado como una “baja de edad de imputabilidad”, el proyecto de ley penal para menores presentado por el Ejecutivo tiene fuertes coincidencias con el de “Responsabilidad penal para adolescentes” que la diputada Laura Musa viene impulsando desde 1997. Cu�les son las diferencias entre un mecanismo tutelar que imagina adolescentes sin voluntades (para institucionalizarlos), y uno que los sit�a como sujetos con derechos.

Por Soledad Vallejos

Esta semana pas� algo curioso. Mientras alg�n gran diario argentino explicaba que el nuevo “Plan” lanzado por el Gobierno para combatir la inseguridad incluye, entre otros item, a los “menores culpables” y algunas voces tej�an un cerco infranqueable gracias a las bondades ret�ricas del sentido com�n (“los menores est�n matando gente. Los menores, manejados por sus padres”, pero si al menor “se lo tiene retirado de la sociedad, no va a tener la posibilidad de matar a otro individuo o de cometer un delito nuevamente”, declar� impecablemente Juan Carlos Blumberg el lunes a una radio), algo se estaba perdiendo en el camino. Y es que echada a rodar la idea de que el proyecto del Poder Ejecutivo inclu�a la “baja de la edad de imputabilidad”, lo que se escuch� fue una m�sica feroz, que no alentaba dudas y ayudaba a los distra�dos a identificar f�cilmente al enemigo. “La realidad –colabor� Felipe Sol�, haciendo gala una vez m�s de una s�lida vocaci�n garantista– nos indica que menores que han asesinado o han sido peligrosos son soltados por jueces de menores de manera irresponsable, y despu�s se convierten en un peligro p�blico.” La realidad misma, entonces, era la que se�alaba con el dedo a “los menores” y era por eso que parec�a estar habl�ndose, finalmente y para satisfacci�n de los sectores manoduristas, de bajar la edad de imputabilidad, esto es, habilitar que desde antes de los 16 a�os (el m�nimo que rige actualmente) los menores puedan ser sometidos a procesos penales con sanciones id�nticas a las que se aplican a los adultos. Sin embargo, el proyecto que ser� tratado en el Congreso no plantea tanto una ampliaci�n del universo penalizable (lo que implica, por otra parte, un redimensionamiento del campo del delito por parte de la sociedad) como una reforma integral del sistema actual que –en nombre de un accionar tutelar que considera a los menores de edad como objetos y no como sujetos de derecho– viene esboz�ndose al menos desde 1997 en un proyecto de “Responsabilidad Penal Juvenil” de la diputada del ARI Laura Musa. –Hay dos concepciones acerca del tratamiento de la infancia y su relaci�n con el Estado cuando los chicos cometen un delito. Una que es avalada por la Declaraci�n de los Derechos del Ni�o y que est� incluida en la Constituci�n nacional –justamente por lo cual toda la legislaci�n actual deber�a caer por inconstitucional– entiende que los chicos son ciudadanos. La otra no los contempla como sujetos de derecho. La condici�n jur�dica de ni�@s y adolescentes argentin@s actualmente est� regulada por la ley 10.903 (la ley Agote, que alimenta el esp�ritu del Patronato), que concede al Estado un poder absoluto e incuestionable sobre la vida de adolescentes de hasta 16, y el R�gimen Penal de Minoridad (las leyes 22.278 y 22.803, originadas durante la �ltima dictadura), por el cual los adolescentes pueden ser punidos a partir de los 16. Hipot�ticamente, la ley Agote permite que el derecho penal vigente para mayores de edad no se aplique sobre los menores, aunque esa hipot�tica sustracci�n al r�gimen penal redunda en los hechos en el ingreso a un mundo del que resulta extremadamente complejo salir: los institutos de menores y el proceso de institucionalizaci�n, donde eufemismos como “el juez padre, la pena como bien y el proceso como rito pedag�gico” (la cita corresponde al pr�logo que Emilio Garc�a M�ndez y Shimol Pinto elaboraron para Sentencias de reclusi�n perpetua y prisi�n perpetua a personas menores de 18 a�os de edad en la Rep�blica Argentina, editado por Unicef y el Colegio P�blico de Abogados de Capital Federal) avalan un proceso que viene a afianzar situaciones de exclusi�n social. Alejados de sus familias y de sus grupos de pertenencia, los chicos y las chicas pueden ser institucionalizados, indistintamente, por dos motivos: tanto por prevenci�n y para su protecci�n (en el caso de la institucionalizaci�n “asistencial”) como por su hipot�tica participaci�n en su delito (la institucionalizaci�n “penal”, que desdibuja con su nombre el hecho de que no hay proceso judicial, ni probatorio ni sancionatorio capaz de asegurar que existi� un delito). –El sistema actual es ambiguo, y permite que los jueces tengan un poder discrecional para hacer lo que quieran con los menores de 16 a�os. El proyecto presentado por el Gobierno tiene gran semejanza con el que hab�amos presentado nosotros, excepto en las penas, que son m�s altas. Pero “responsabilidad penal” no quiere decir bajar la edad de imputabilidad, que es entrar desde m�s joven (ahora son 16 a�os, algunos piden que sea desde los 14) (N. de R.: Hay quienes van m�s all�. Adri�n Menem solicit� que se habilite la imputabilidad a partir de los 10 a�os) al sistema penal de adultos. Otra concepci�n, que es la que yo sostengo, es armar un sistema penal juvenil espec�fico para los chicos de entre 14 y 18 a�os que cometen delitos, un sistema que no tiene nada que ver con las penas de los adultos, que tiene un procedimiento distinto, que tiene instituciones judiciales distintas, y que adem�s deja claramente constancia de que esto significa elevar la edad de punibilidad, porque hasta los 18 a�os no ingresa en el sistema penal de adultos. Lo parad�jico es que lo �nico que estamos pidiendo con un sistema de este tipo es que los chicos, antes de ser privados de libertad, tengan por lo menos las mismas garant�as procesales que vos y yo. Pero, adem�s, necesitan otras cosas, no s�lo las garant�as, sino un plus, porque ellos est�n en una etapa de desarrollo donde probablemente se les haga m�s dif�cil comprender lo antijur�dico del hecho que han cometido. Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber dos tipos de sanciones: unas que se apliquen a chicos de entre 14 y 16, y otras que sean aplicables a chicos de entre 16 y 18. Frente a hechos considerados como delitos, el Estado tiene que relacionarse con estos menores de edad de un modo legal y democr�tico, es decir, constitucional, que ahora no existe. En el sistema que proponemos, un juez que tiene delante a un chico que se presume que cometi� un delito, primero tiene que probarlo, no puede decir como s� pasa ahora “te mando a un instituto porque algo hiciste, no queda claro qu�, pero como sos menor sos inimputable y no ten�s que probar nada”. Porque actualmente no se prueba la autor�a, el chico no tiene abogado, pero por las dudas se lo manda a un instituto para ense�arle "c�mo relacionarse bien con la sociedad". Ning�n adulto tolerar�a eso. Es estar en una instituci�n de reclusi�n como son los institutos de menores, sin acusarte de un delito, sin haber tenido el debido proceso, y por tiempo indeterminado, porque en realidad es hasta que al juez le llegue alg�n informe de un bur�crata de los institutos diciendo si el chico est� en condiciones de salir o no, o de devolv�rselo a la familia o no. Esto, en cambio, es dotar de un sistema de legalidad a las sanciones que ahora ya se est�n aplicando. Nosotros proponemos un sistema de sanciones con un debido proceso previo, sanciones adecuadas a la edad de los chicos, �rdenes de conducta, y siempre con probations antes, que permite que el fiscal pueda archivar la pretensi�n de juicio si ve que se dan las condiciones; con un sistema muy flexible para favorecer que el chico, una vez que es responsabilizado del delito, pueda tener una conducta tal que le permita cumplir una sentencia; y que adem�s las sanciones sean sanciones de ser cumplidas para que el chico no pierda su escolaridad, su pertenencia a su familia, y que sean, en general, �rdenes de conducta, es decir, de hacer o no hacer determinadas cosas, o trabajos para la comunidad. –Es una intervenci�n menos radical en la vida cotidiana del chico, y m�s tendiente a la inclusi�n. –Es una intervenci�n para que entre el chico y el Estado, a trav�s del juez, haya reglas. La legislaci�n actual es muy arbitraria: le dice al juez que puede hacer lo que quiera con ese chico. Lo puede mandar a su casa, como pasa con los sectores medios, o puede pasar lo que tratan de hacer con los sectores m�s pobres: una pol�tica social reforzada. Algunos jueces los env�an a institutos porque ah� van a comer, van a estudiar, pero no se dan cuenta de que no deja de ser una sanci�n, porque esos chicos est�n privados de la libertad. Entonces, proponemos que entre el chico y el Estado haya reglas, las del sistema de responsabilidad penal juvenil: el juez, despu�s de un debido proceso, va a terminar responsabilizando o no al chico por una acci�n disvaliosa; y le aplicar� una sanci�n que puede llegar a terminar antes, de acuerdo con c�mo la cumpla, porque el proyecto contempla la remisi�n. Entonces, el chico se convierte en ciudadano, porque si otro comete la misma acci�n que �l, va a tener la misma sanci�n, es un principio de igualdad ante la ley. 1997 fue el a�o en que el pacto tutelar que parec�a revestir las acciones de los juzgados de menores se resquebraj�: a partir de entonces, y hasta 2003, como recoge Sentencias de reclusi�n..., al menos 12 fueron condenados a sentencias perpetuas por delitos que hab�an cometido cuando a�n eran menores de edad, pero que fueron juzgados (alojamiento en institutos de menores mediante) poco despu�s de que se convirtieran en mayores. –El sistema penal actual es absolutamente arbitrario para los menores de 16, y brutalmente punitivo por encima de los 16, porque a pesar de decir que son relativamente inimputables, en realidad tienen imputabilidad plena. Si no, no terminar�an en esas instituciones. Muchos bien intencionados est�n en desacuerdo con la idea de responsabilidad penal porque dicen que los que esos chicos necesitan es m�s escolaridad, m�s comida, que son los m�s excluidos. Y efectivamente el sistema penal atrapa a los m�s excluidos. Entonces, dicen “c�mo vamos a penalizarlos por hechos disvaliosos que cometen cuando, en realidad, la sociedad est� en deuda con ellos”. Y es verdad. Ahora, si no tomamos una medida, estos chicos van a estar excluidos de lo alimentario, de lo social, de lo educativo, y adem�s van a seguir con estas penas brutales por las cuales “por su bien” los encierran en institutos. Yo digo que no invoquemos el tema de las pol�ticas sociales ausentes para reforzar su pertenencia a los institutos porque ah� les van a dar de comer. Es como decirle a un adulto: “Si sos pobre, mejor te metemos preso porque ah� vas a tener comida y techo”. Es mezclar pol�ticas sociales con un reforzamiento judicial. Un adulto no lo aceptar�a porque la libertad es su primer valor. Para un chico, tambi�n es su primer valor. Sin embargo, sigue habiendo la defensa de un sistema tutelar y se sostiene que los institutos son la mejor opci�n; es un no tratar al adolescente como ciudadano. Lo que ha habido ac� es una apropiaci�n por parte del Estado no s�lo de los menores de edad, sino de los menores de edad pobres y sin posibilidad de defenderse, con los que los jueces pueden obrar discrecionalmente. Entonces, siempre volvemos a lo mismo: toda la discusi�n gira en torno a si entre los 14 y los 18 van a ser personas de derecho, o no; si van a tener un sistema constitucional de garant�as o no. –�Cu�ntos chicos y chicas en institutos hay ahora? –En provincia de Buenos Aires, que es donde est� la mayor cantidad, son alrededor de 10 mil. Es muy dif�cil saber, porque la legislaci�n no lo permite, cu�ntos entraron por una infracci�n penal o por una acci�n asistencial. Definitivamente, no hay 10 mil menores asesinos en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, este sistema, que parece tan tutelar y que no quieren que cambie, termina con perpetuas para menores de edad. Por eso, este sistema vigente es arbitrario e injusto, carece de las garant�as constitucionales que s� tienen los adultos. Argentina es el �nico pa�s de Am�rica Latina que tiene chicos con sentencias a perpetua y a reclusi�n perpetua (que no se puede bajar) por delitos cometidos cuando estos j�venes eran menores de edad. Los esperan. Los tienen por un plazo indeterminado en los institutos, a los 18 les hacen el juicio oral y los sentencian como adultos.