Por Mariana Carbajal

Susana Flores está desolada. A su único hijo, de 14 años, lo puede ver sólo los fines de semana por la simple razón de que es pobre. El Tribunal de Menores de Azul dispuso en marzo la internación del chico en un hogar de la Municipalidad de Tandil hasta que ella pueda proveerle los alimentos básicos para su manutención. Pero Susana no ha podido conseguir trabajo en los últimos años y su único ingreso son los 150 pesos del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Desesperada porque su situación económica no varía y no tiene perspectivas de que mejore, presentó un recurso de amparo contra el gobierno bonaerense para que, en cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, le entregue un subsidio que le permita recuperar la tenencia del menor. Paradójicamente, el hogar donde está su hijo cobra por su cuidado 351 pesos mensuales del estado provincial, un monto que le permitiría a Susana mantenerlo junto a ella. “No es un caso aislado. En la provincia hay unos 12.000 chicos institucionalizados por causas asistenciales, es decir, que no han cometido delitos sino que simplemente son pobres”, reveló a Página/12 Adriana Gugliota, responsable del Area Derechos de Unicef Argentina (ver aparte).
Susana presentó el amparo el 12 de septiembre ante el Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, a cargo de Juan Carlos José Russo. Al expediente ya se le dio traslado al gobierno bonaerense, que debe contestar a través de la Fiscalía de Estado. Concretamente, le exige al Ejecutivo provincial que cumpla con la Convención Internacional de los Derechos del Niño que obliga a los países que la suscriben a brindar “la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza” de sus hijos.
“Lo único que reclamo es la recuperación de mi hijo. A los 56 años el mercado laboral para mí está saturado”, dice Susana, quien hizo la presentación judicial con el patrocinio de Jorge Coronel, un abogado de Tandil vinculado con organizaciones de derechos humanos.
La irracionalidad del gasto provincial fue reconocida a este diario por el titular de Infancia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Enrique Pochat: “Efectivamente, se institucionaliza a los niños y se gasta en un hogar 351 pesos en concepto de beca por cada chico cuando se debería actuar a tiempo y procurar con ese dinero fortalecer al grupo familiar”, admitió.
–¿Por qué no lo hacen? –preguntó este diario.
–Lo que pasa es que no hay becas para las madres.
–¿Y por qué no se modifica el sistema?
–En eso estamos –respondió Pochat. El funcionario aclaró que en la Legislatura bonaerense se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para reemplazar la norma vigente en materia de minoridad, que data de la última dictadura militar y es contraria a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La norma permite este tipo de medidas al otorgarles a los jueces de menores facultades absolutas para disponer sobre el destino de los chicos –ya sea que tengan problemas con la ley, sean víctimas de delitos o de la pobreza– y no les da derecho a la defensa como sí tiene cualquier adulto. En esa ley –llamada de Patronato de Menores– se fundamenta la internación del hijo de Susana.
Condiciones deplorables
La institucionalización del chico fue ordenada por el juez Eduardo Pedro Allende, a cargo del Tribunal de Menores de Azul, el 11 de marzo. “Ese mismo día, dos oficiales de la policía vinieron con una cédula y se lo llevaron”, recuerda Susana, con la voz entrecortada. En ese momento, Susana no se opuso a la internación. Incluso, el mismo chico, cuyas iniciales son M.M., dio su aprobación, según contó su mamá. “El quería seguir estudiando y el tribunal nos dijo que era la única forma de quepudiera hacerlo, pero se nos dijo que sería provisorio y ya pasaron casi siete meses”, dice Susana.
El tribunal intervino después de que Susana hizo un pedido desesperado de ayuda a través de una radio local para que su hijo no se viera obligado a abandonar la escuela. Estaba inscripto para iniciar el primer año del Polimodal en la Media Nº 3 República de Ecuador, de Tandil.
–Faltaban pocos días para que comiencen las clases y, desesperada por las condiciones deplorables en las que estábamos, fui a LU 22 Radio Tandil para solicitar ayuda a la comunidad y también llamé al Tribunal de Menores, desde donde nos citaron –recuerda la mujer. Ese juzgado había intervenido en una “fuga de hogar” de su hijo –que no duró más de unas cuantas horas–, aparentemente motivada por la mala relación con el padre. Cuando hizo el pedido de auxilio, Susana había dejado la casa de su ex marido por haber sufrido episodios de violencia, tanto ella como su hijo, y no tenía un lugar estable donde vivir. De acuerdo con su presentación judicial, Bienestar Social de Tandil le pagó tres noches en un hotel y después Susana consiguió ubicarse con su hijo en un local muy precario del barrio tandilense de Palermo, que no cuenta ni siquiera con ducha. “Para pagar el alquiler, el municipio me dio por un mes 100 pesos y los 50 pesos restantes los tenía que poner yo”, apunta Susana. Para alimentarse recurrían a un comedor comunitario del barrio de Villa Gaucho, donde les daban una vianda para una comida diaria de lunes a viernes. “Los fines de semana nos arreglábamos con una bolsa de alimentos que nos entregó Bienestar Social durante dos meses y que traía un paquete de fideos, otro de arroz, un kilo de azúcar y cuatro hamburguesas de soja”, recuerda.
Incapaz
Al disponer la internación “precautoria” de M.M. en el Hogar de Convivencia dependiente del Municipio de Tandil, el tribunal nunca puso en tela de juicio la capacidad de su madre para protegerlo y educarlo, según se desprende del expediente. Pero el juez tomó la decisión “en salvaguarda de la integridad física y moral del incapaz”, basándose en la Ley de Patronato de Menores.
Según esa ley –explicó el abogado Coronel– se daba una causa de abandono objetivo de M.M.: su padre lo había echado de la casa y su madre no podía mantenerlo. “Pero en este caso no es la madre quien lo abandona por su propia decisión sino porque no puede mantenerlo. Si la función del Patronato lleva al Estado a asumir funciones de las que los padres no se hacen cargo, ¿qué sucede cuando es el mismo Estado el generador de condiciones de abandono objetivo?”, se preguntó Coronel.
–Yo pensé que iba a ser por poco tiempo, hasta que pudiera conseguir lo que necesito para mantener dignamente a mi hijo. Pero no veo forma de que mi situación económica cambie y quiero que volvamos a vivir juntos –implora la mujer, que actualmente está viviendo en una modesta habitación de pensión.
El régimen del hogar donde vive M.M. es abierto, con lo cual el chico sale para ir a la escuela, pero debe volver ahí a dormir. Por eso, Susana desde marzo lo ve sólo los fines de semana. “Es durísimo”, se lamenta. La mujer cobra un subsidio de 150 pesos del Plan Jefas y Jefes de Hogar y como contraprestación trabaja cuatro horas dando apoyo escolar en la Escuela del Club Boca Juniors. “Con los 351 pesos que recibe el hogar como beca del estado provincial por tener a su hijo, perfectamente podría mantenerlo ella”, señala su abogado, quien aporta un dato más: teniendo en cuenta el gasto de infraestructura y personal del instituto donde vive M.M. el gobierno bonaerense desembolsaría cada mes por tenerlo institucionalizado un cifra cercana a los mil pesos.
Hace años que la vida la golpea a Susana. Inició la convivencia con el padre de M.M. en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en 1987. Al año nació su único hijo. “Después de haber recorrido el país persiguiendo un futuro de prosperidad y de haber dejado al costado del camino proyectos ynegocios que fracasaban a poco de iniciarse, nos instalamos en Tandil a comienzos de 1994”, recordó en su presentación judicial. Luego vino la separación de su ex –con quien volvió momentáneamente a vivir por no tener adónde ir– y la extirpación de su mama izquierda en el Hospital Municipal de Tandil por un tumor.
El amparo se fundamenta en tratados internacionales y en la propia Constitución bonaerense, que en su artículo 36 señala que “la familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad”, que la provincia “establecerá políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material” (inciso 1) y “promoverá políticas de asistencia a la madre sola sostén de hogar” (inciso 4).
Susana está ilusionada: espera volver a vivir pronto con su hijo. “Es muy estudioso, muy buen alumno. Tiene un promedio de 8,60 a pesar de todos los problemas que hemos tenido”, cuenta con orgullo.

Se priva a los chicos de su derecho

“El de Tandil no es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires hay unos 12 mil chicos institucionalizados por causas asistenciales, es decir, que no tienen problemas penales, más de 3400 bajo la jurisdicción del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y alrededor de 600 en Córdoba, por mencionar algunos lugares”, reveló en un reportaje con Página/12 Adriana Gugliota, responsable del Area Derechos de Unicef Argentina.
–¿Cómo debería resolverse el problema de la mujer de Tandil?
–Desde que se firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se debe promover como política pública el fortalecimiento de las familias. Con el dinero que el gobierno provincial gasta en una beca para que el chico esté en una institución, se debería ayudar económicamente a la madre. Es ilegal separarlo de su familia. El Estado debe apoyar a la familia para que se haga cargo de sus niños. En el caso de Tandil ocurre lo contrario: el Estado financia estructuras de contención que privan al chico de su familia, privándolo al mismo tiempo de derechos. El interés superior del niño es preservar los vínculos familiares. Hay casos en que si no se retira al niño de su familia, corre peligro. Pero no en este tipo de casos.
–¿Por qué todavía persisten estas situaciones que judicializan la pobreza?
–El problema es que todavía se aplica la ley de Patronato de Menores, que permite la exclusión del hogar por razones de pobreza. En la provincia de Buenos Aires había sido derogada al sancionarse la Ley de Protección Integral de la Infancia en diciembre del 2002 por consenso de todos los bloques, después de varios años de debate. Pero esa norma fue cuestionada por el procurador de la Corte provincial y suspendida por la Corte bonaerense. En mayo, la Corte se expidió y convalidó su validez, entró en vigencia, pero inmediatamente fue suspendida por 180 días por la Legislatura, plazo que vence a fines de noviembre. Ahora están en danza otros proyectos para modificarla. Con tantas idas y vueltas, sigue vigente la ley de Patronato

La opinión de los expertos

- MARÍA ELENA NADDEO*

Existe la judicialización entre los menores, una situación que persiste por la confusa y contradictoria legislación vigente: aún no se terminó de incorporar la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en los años ‘90 pero que muchas provincias aún no la pusieron en práctica porque no modificaron la legislación local. Muchos jueces usan la concepción tutelar de la vieja ley de Patronato