Por Angeles Castro

El decreto de reglamentación de la ley que creó el registro nacional de menores extraviados dio un paso más en su camino para que la base de datos pueda ser puesta en marcha. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ya rubricó el texto y lo elevó -con el número provisional 2388/03- a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Ayer, el proyecto permanecía en estudio en dicha secretaría, que efectuará una última revisión del documento para luego ponerlo a la firma del presidente Néstor Kirchner.

Así lo confirmaron en la víspera a LA NACION fuentes de la Jefatura de Gabinete, voceros de la Secretaría Legal y Técnica y asesores de la Presidencia.

Si bien estiman que el decreto podría ser rubricado por el jefe del Estado antes del próximo fin de semana, las fuentes se negaron a arriesgar una fecha exacta porque -aclararon- "varía el tiempo que Legal y Técnica tarda en chequear las normas en trámite, según la implicancia de cada una".

Un nuevo papel para el Estado

Cuando Kirchner al fin reglamente la ley 25.746, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas -tal su nombre oficial- comenzará a ser ejecutado en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Se trata de una base de datos que concentrará información sobre todos los chicos perdidos en el país para distribuirla entre juzgados de distintos fueros y para difundir los casos públicamente.

Así, el Estado asumirá la función de colaborar en la búsqueda de los niños y adolescentes con paradero desconocido, hasta ahora desarrollada principalmente por la organización civil Missing Children.

Tal como publicó LA NACION en ediciones anteriores, la ley 25.746 fue sancionada en julio último y, durante el trámite de reglamentación -dijeron fuentes de la Casa Rosada-, quedó establecido que el manejo del registro corresponderá a la Subsecretaría de Política Criminal, dirigida por Mariano Ciafardini y dependiente del ministerio a cargo de Gustavo Beliz.

En ajuste permanente

Precisamente, según indicaron voceros del Ministerio de Justicia, desde la aprobación de la norma un equipo interdisciplinario trabaja permanentemente para ajustar el funcionamiento de la base de datos.

"Ya tras la sanción de la ley empezamos un arduo estudio sobre cómo instrumentar el registro, cuántas personas deberían estar abocadas a su ejecución para lograr el objetivo y las cuestiones informáticas, entre otras tareas", explicaron los voceros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

La base de datos centralizará, organizará y entrecruzará la información de todos los chicos perdidos en la Argentina.

La norma también establece que cualquier denuncia recibida por la Justicia deberá ser remitida inmediatamente al registro.

Por otra parte, faculta a la autoridad competente a recurrir al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) para que emplee con carácter de urgente los espacios posibles de difusión en los medios de comunicación.

Como se dijo, hasta ahora, las voluntarias de Missing Children -con el apoyo incondicional de la Red Solidaria, que por estos días intenta hallar a Yésica Mariela Martínez Quiroga, que desapareció en Avellaneda- reúnen los casos de niños y adolescentes extraviados en el país. Su teléfono es 4797-9006 y su e-mail, ur%20gente@millic.com.ar

"Ojalá que el Gobierno brinde su ayuda con la reglamentación del registro", expresó Susan Murray, presidenta de Missing Children.

También se puede recurrir actualmente al Consejo Nacional de Niñez por las líneas 4338-5803/04 o por el e-mail chicosperdidos@cnmyf.gov.ar

Puntos principales

Registro: la ley 25.746, sancionada en julio último, creó el Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas para concentrar los datos sobre todos los chicos perdidos en el país.

Ejecución: la norma estableció que la base de datos funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Durante la reglamentación, se adjudicó el control del registro a la Subsecretaría de Política Criminal.

Objetivo: el registro centralizará, organizará y entrecruzará la información de los menores con paradero desconocido en el país.

Obligación: la norma obliga a que toda denuncia recibida por la Justicia sea remitida inmediatamente a la base de datos.

Difusión: también faculta a la autoridad competente a recurrir al Comfer para que emplee con carácter urgente los espacios posibles de difusión en los medios periodísticos.