La Justicia negó el aborto a una nena de 14 anos violada por el padrastro. La madre reclamó en los tribunales de
Bahía Blanca que autorizaran a su hija a realizarse un aborto. El Comité
de Bioética del hospital local y la defensora general apoyaron el pedido
alegando que la chica fue víctima de una violación y que el nacimiento
pondrá en peligro su vida. Pericias psicológicas demostraron que la menor
evidencia “una idea recurrente de muerte”. Sin embargo, el juez rechazó la
solicitud. La polémica por el caso y el drama en la Argentina del abuso
sexual y el aborto en adolescentes.
Por Carlos Rodríguez
Un
pueblito rural ubicado a 15 minutos de la ciudad de Bahía Blanca es el
escenario del drama de una niña de 14 años, cuyo nombre se mantiene en
reserva, que carga con el peso de un embarazo no buscado, ni deseado,
luego de haber sido violada por su padrastro. A mediados de noviembre
pasado, cuando la chica estaba en el tercer mes de gestación, su madre se
presentó ante la Defensoría General de Bahía Blanca, a cargo de María
Graciela Cortázar, para solicitar autorización judicial para que su hija
pudiera someterse a un aborto. “Está muy deprimida, dice que si la obligan
a tener ese hijo se va a matar”, suplicó la madre ante la defensora
oficial, quien a los pocos días presentó un recurso de amparo ante la
Justicia correccional para que accediera al pedido de realizar un “aborto
impune”, sin condena penal, alegando que la menor había sido víctima de
una violación y que el nacimiento ponía en peligro la vida de la madre.
Aunque el requerimiento contó con la aprobación del Comité de Bioética del
Hospital Penna de Bahía Blanca y de la Asesoría de Menores, el juez
rechazó la solicitud. Cuando estuvo frente al juez, la niña se arrodilló
ante él para rogarle que aprobara la interrupción de su embarazo. Ahora,
tanto la madre como la defensora oficial, temen por la situación de la
nena a la que le robaron su mundo de muñecas.
“Como el Código Penal
establece que el aborto es un delito, lo que hicimos fue argumentar que
dado el cuadro que presenta la menor, en este caso se trataba de la última
posibilidad para evitar el peligro que corría la vida de la joven”,
explicó a Página/12 la defensora María Graciela Cortázar. La funcionaria
dijo que la chica “fue violada por un hombre con el que vivía y que si
bien fue quien la reconoció al nacer como hija propia, no es su padre
biológico sino su padrastro”. La joven vive en un pequeño pueblo rural, en
compañía de su madre y de siete hermanos menores. El hombre desapareció de
la escena familiar luego de cometer el abuso de una menor que estaba bajo
su guarda.
La noticia fue dada a conocer en Bahía Blanca por el
periodista local Luis Alberto Cano, en su página Web “Frente a Cano”, y en
el programa radial que lleva el mismo nombre. Este diario intentó
comunicarse en varias ocasiones con las autoridades del Hospital
Interzonal Penna y con el juez José Luis Ares, que intervino en el caso,
pero en ningún momento accedieron a una entrevista para aclarar la
posición asumida por ellos. La única que accedió a informar sobre el caso,
que ella misma patrocinó en representación de la menor, fue la doctora
Cortázar.
“La mamá vino a vernos muy preocupada porque su hija estaba
pasando por un cuadro depresivo profundo que la llevaba a negarse a
concurrir a los controles del embarazo y a manifestar en repetidas
oportunidades su intención de suicidarse”. La chica repetía, en forma
constante, que lo que lleva en su vientre “no es su hijo” y que si la
obligan a tenerlo “se iba a matar”. Más allá de las expresiones, sus
actitudes concretas coincidían con sus dichos: se negaba a ingerir
alimentos y los informes psicológicos que se le realizaron señalaron con
absoluta certeza que evidenciaba “una idea recurrente de muerte y
autodestrucción”. Todo fue corroborado por estudios ambientales e informes
psicológicos independientes.
La doctora Cortázar precisó que hubo un
primer intento de plantear el caso directamente a las autoridades del
Hospital Interzonal Doctor José Penna, que dieron intervención al Comité
de Bioética. “Los miembros del Comité recomendaron hacer la práctica
médica al evaluar la situación de la joven y el asesor de menores también
se manifestó en igual sentido”. Sin embargo, el hospital, cuyo director es
el doctor Alberto Taranto, “dijo que no quería asumir esa responsabilidad
sin la autorización previa de un juez, aunque también se contaba con la
aprobación del representante legal de la joven y del niño por nacer”.
Todos interpretaron que “en el juego de valores, el valor predominante era
el de la menor madre”. La causa fue presentada ante el juzgado en lo
Correccional a cargo del doctor José Luis Ares. “El juez reconoció que la
situación de la joven era muy complicada y dio por sentado que era cierto
el temor de que pudiera correr un peligro grave en caso de continuar con
el embarazo”. Sin embargo, a pesar de esa apreciación, “rechazó el pedido
alegando que él no tenía intenciones de sumar una víctima, el niño por
nacer, a otra víctima, la madre en conflicto”.
El juez determinó que
es cierta “la afectación que sufre la menor” y reconoció que existe “la
posibilidad de un riesgo”, pero su conclusión fue que “el aborto no es el
único medio para solucionar” el conflicto. En consecuencia, tomó la
decisión de “ordenar al juzgado de menores que interviene (a cargo del
doctor Guillermo García Pereyra) que se haga responsable del control y la
asistencia psicológica y psiquiátrica de la menor”. La doctora Cortázar se
manifestó “muy preocupada” por la situación de la nena embarazada. “Es una
chica de 14 años, pero no hablo de 14 años de una chica de la ciudad,
hablo de una chica que vive en un medio rural. Mental y físicamente es una
nena de 11 años que está viviendo una situación para la cual no está
preparada”.
El hecho de vivir en un pueblo pequeño incorpora algunos
elementos que agravan el drama. Todos los habitantes tienen conocimiento
de la triste historia familiar y hasta los hermanos menores de la
adolescente ahora le reprochan, desde su inocencia, que haya sido la
“culpable” de que el padre –lo es en el caso de los niños más chicos– se
haya tenido que ir de la casa familiar a partir de una situación dolorosa
de la que ellos sólo conocen las consecuencias más primarias.
La
Defensoría resolvió no apelar la decisión del juez Ares, teniendo en
cuenta que la jovencita está ahora entre el cuarto y el quinto mes de
embarazo. Con los plazos que se toma la Justicia para resolver casos como
el presente “aunque se tomara una decisión favorable al pedido, ya sería
tarde”. Por otro lado, Cortázar aseguró que no quiere “generar nuevas
expectativas en la menor, como había ocurrido a partir de nuestra
intervención, y después ponerla ante la situación de un posible nuevo
fracaso”. Según Cortázar, para la niña sería “muy costoso, muy doloroso,
porque ella tenía muchas expectativas en la resolución que tomarían los
adultos y ahora está desolada”. Desde que supo de su embarazo, la menor
dejó de concurrir a la escuela secundaria y se refugió en su casa.
“Ella tiene una candidez y una ingenuidad totales; hasta su desarrollo
físico no coincide con la edad que tiene, parece que fuera todavía más
chica”. La doctora Cortázar recuerda, como en un mal sueño, la carita de
la niña madre cuando se sentó frente al juez Ares y le dijo: “Yo le pido
por favor que me ayude porque de lo contrario no voy a vivir. Ustedes que
son grandes, tienen que ayudarme”. Al hacer su pedido, la nena se puso de
rodillas ante el juez. Al margen del embarazo, la situación económica de
la familia de la menor es por demás precaria, al punto que la Defensoría
tuvo que pagarles el pasaje, a la madre y a la joven, cada vez que se
movilizaron hasta Bahía Blanca. “Ella pensaba que nosotras la íbamos a
poder ayudar”, sigue lamentándose la defensora oficial.
La opinión de tres médicos
OSCAR CONTRERAS ORTIZ *.
“El tema es
difícil”
El aborto está penado por el Código Penal. Por este
motivo, la Justicia lo denegó. Para interrumpir un embarazo se
necesita un permiso judicial, independientemente de que haya una
reserva personal o exista una recomendación por parte del ámbito de
la medicina. De todas maneras, el médico tiene la posibilidad de
oponerse y no hacer el aborto, mediante el recurso de objeción de
conciencia. Desde el punto de vista médico, si el embarazo es normal
y la madre no corre riesgo, la interrupción no está autorizada. Sólo
existe la excepción cuando el feto no va a tener viabilidad. El
pedido de aborto a partir de una violación es algo que debe dirimir
un juez y no un médico. Además, no llegan frecuentemente casos de
este tipo a los hospitales. Y es muy poco probable que la Justicia
autorice esta interrupción. Esta temática no es fácil de tratar,
porque hay que tener plena seguridad de que fue una violación.
También hay que tener en cuenta que existe riesgo en la interrupción
del embarazo.
* Director del área de Ginecología y Obstetricia
del Hospital de Clínicas.
JORGE GILARDI *.
“Hay un debate
pendiente”
En este caso puntual, la Comisión de Bioética dio
la recomendación para que se efectúe la interrupción del embarazo y,
sin embargo, para la Justicia, el aborto puede causarle riesgos a la
joven. La Justicia debería balancear las leyes, el criterio del
equipo médico y la opinión familiar porque hay necesidades
personales que tienen que tomarse en cuenta. Debería formarse una
comisión de bioética, integrada por representantes de la Justicia,
de la familia y un comité interdisciplinario médico para evaluar la
situación y tomar una decisión. De todas maneras, terminarán
primando las decisiones de la Justicia. Este es un debate que se
debe la sociedad. Toda resolución que se dé en este sentido tiene
que ser con celeridad porque los tiempos del paciente no son los
mismos que los de la Justicia. Y si esta adolescente tiene cuatro
meses de embarazo, a esta altura, es una situación casi
irreversible. Sobre este punto, hay que legislar. Hay que sacarse
algunas ataduras y tratarlo seriamente para no llegar a esta
situación.
* Obstetra, presidente de la Asociación de Médicos
Municipales.
DIANA GALIMBERTI *
“Es riesgoso el
aborto”
En el ámbito de la Justicia no es legal el aborto en
casos de violación. Está permitido en las personas dementes o
débiles mentales. También cuando hay riesgo para la vida de la
madre. En estos casos, el Comité de Bioética Hospitalario puede dar
una recomendación sobre el caso, pero la única que puede dar una
autorización es la Justicia. En el Centro de Atención a la Víctimas
de Violación del Hospital Alvarez nunca ha llegado un caso similar
al de Bahía Blanca. Por lo general, las mujeres que atendemos ya
llegan con un embarazo en camino y la mayoría no ha hecho la
denuncia en la Policía o la Justicia. El riesgo que corre la mujer
es otro aspecto a tener en cuenta. Si la chica de Bahía Blanca lleva
más de tres meses de gestación es riesgoso realizarle un aborto.
Para llegar a una buena resolución habría que estudiar el estado de
salud de la chica, analizar en qué condiciones está y también cuál
es el estado del embarazo.
* Ginecóloga. Jefa del Centro de
Atención a las Víctimas de Violación del Hospital
Alvarez.
La voz de especialistas en bioética y en derecho
PEDRO HOOFT *.
“Es un caso controvertido”
En
la evaluación que hace la Justicia se debe tener en cuenta el punto
de vista terapéutico y médico. Esta opinión debe servir de guía para
la determinación final que se tome. Desde la legislación, ésta es
una problemática muy discutida. Uno de los puntos más controvertidos
que se suele plantear es si la violación es una causa válida para
permitir el aborto o si sólo se debe autorizar en el caso de que la
mujer sea una débil mental. La discusión se da a partir de la
redacción de uno de los incisos del artículo del Código Penal que
habla sobre el aborto. Este punto en la legislación es muy ambiguo.
Por lo tanto, no se sabe bien cuál es la determinación de la
Justicia. De todos modos, cada caso es particular y en éste,
específicamente, se debería contar con un dictamen
interdisciplinario para resolverlo de forma efectiva que esté
fundamentado. Para eso hay que tener en cuenta con las disciplinas
de la obstetricia, la psicología, la psiquiatría y la asistencia
social, entre otras.
* Juez, presidente de la Asociación
Argentina de Bioética.
IGNACIO MAGLIO *.
“Es importante
su deseo”
Los casos de abortos permitidos están relacionados
con lo que se denomina aborto terapéutico. Los tribunales
interpretan que esta clase de interrupción del embarazo está
permitida por la ley para proteger la integridad y salud de la
madre. Incluso, esto figura en el Código Penal. Pero existe esta
mala costumbre de pedir autorizaciones judiciales para realizar una
práctica médica. En general, los médicos, por temor a la mala
praxis, piden esta autorización porque es una forma de respaldarse.
En este caso hay que ver qué se considera un daño grave para la
integridad y salud de la madre. En una chica de 14 años con la
mentalidad de una de 11, continuar con la gestación de un bebé,
puede comprometer su integridad física y psíquica. El Comité de
Etica tiene que haber ponderado la evaluación riesgo-beneficio. Si
sugirió la interrupción fue porque el embarazo de esta nena iba a
ser perjudicial para ella. Además, es importante considerar los
deseos de esta adolescente y la disposición de su propio cuerpo.
* Abogado, especialista en bioética y derecho
médico.
NELLY MINYERSKY *.
“La legislación es
defectuosa”
Generalmente, la Justicia niega la posibilidad de
aborto porque hay una interpretación muy restrictiva del Código
Penal. En esta área, la tipología es muy estricta. La interpretación
de estos casos debería ser más amplia. Se tendrían que rever las
causales del aborto y tener en cuenta las condiciones sociales de la
persona. Es necesario mejorar la legislación porque la existente es
defectuosa y antigua, ya que data de la década del ‘20. La redacción
del artículo que habla sobre el aborto en el Código es confusa. Hoy,
la vida de una persona se interpreta según dónde está puesta la coma
de un inciso. Está comprobado que los embarazos de personas muy
jóvenes son nocivos para la niña madre y los chicos. Aunque el
panorama cambia cuando está en peligro la vida de la madre. Hay un
caso famoso similar al de Bahía Blanca, en el cual la madre de la
embarazada pidió la autorización y fue negada.
* Abogada,
presidenta de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados de
Capital Federal.
JOSE ALBERTO MAINETTI *.
“La Justicia se
excedió”
En mi opinión personal, hay un conflicto entre la
medicina, que ha hecho una indicación terapéutica, y la Justicia,
que se excede en su accionar. Esto no debería darse. El dictamen del
Comité de Bioética no es obligatorio, pero si los profesionales
optan por una conducta terapéutica, me parece bastante sensato. Es
una menor con un presunto retraso mental que fue violada y, sumado a
esto, existe una importante afectación psíquica a su salud. Se dan
motivos suficientes para que la conducta indicada se corresponda con
la interrupción del embarazo. Lo cierto es que el caso también llega
un poco tarde porque la joven ya tenía tres meses de embarazo. Desde
el punto de vista ético, si hay voluntad de la interesada y de la
familia, debería haber una inclinación hacia el deseo de la
paciente, hacia su autonomía. Estos son casos que muestran la
necesidad de una política de salud reproductiva. Hay que atender
estas problemáticas de manera preventiva. La bioética, por su parte,
se inclina hacia la interrupción del embarazo.
* Médico,
consultor de la Comisión de Bioética del gobierno
bonaerense.
El drama del abuso sexual y el aborto en la Argentina
Por Mariana Carbajal
¿Habrá podido el juez Ares mirar a los ojos a la nena
de Bahía Blanca cuando le suplicó, de rodillas, ayuda para terminar
con su pesadilla y él, que tenía en sus manos esa posibilidad, se la
negó? Fue la segunda vez, en pocas semanas, que un adulto la
defraudó: la primera, corrió por cuenta de su padrastro que abusó
sexualmente de ella. Su pequeña pancita en crecimiento es prueba
flagrante de semejante aberración. Sus ganas de morir, una
consecuencia de la insensibilidad del magistrado. El drama de Miriam
–un nombre ficticio para personificarla– lamentablemente no es
aislado, es el de otras nenas: de acuerdo con una investigación del
Centro de Estudios en Población (Cenep), el 80 por ciento de las
niñas-madres del país ha tenido hijos con varones que las supera en,
al menos, 10 años y el resto con varones que son al menos, 20 años
mayores que ellas, situación que permite hipotetizar la presencia de
situaciones de abuso, violación e incesto.
El estudio del Cenep
estuvo a cargo de la investigadora Alejandra Pantelides, que
entrecruzó estadísticas del Ministerio de Salud, con datos del Censo
‘91. Por estos días, un equipo del Cenep se encuentra actualizando
la información.
Tal vez, si el caso de Bahía Blanca hubiera
trascendido en los medios antes, su desenlace podría haber sido
otro: las presiones internacionales lograron en febrero disuadir al
gobierno de Nicaragua para que permita un aborto terapéutico a una
nena de 9 años de ese país, violada por un hombre de 23 en Costa
Rica.
En la historia de Miriam confluyen el drama del abuso
sexual con la problemática del embarazo adolescente y el aborto.
Historias como la de ella se repiten en distintos puntos del país.
Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud mostraron que en
el año 2000 se convirtieron en mamás 2996 nenas de entre 10 y 14
años y 555 ingresaron a hospitales con complicaciones por abortos
realizados con métodos precarios. Tanto el número de embarazos de
púberes como el de abortos se incrementó considerablemente en la
última década: en 1990, fueron 2601 las nenas que tuvieron un parto
y 323 las hospitalizadas por complicaciones de abortos. De esta
forma, mientras en 1990 hubo una internación por aborto cada 8
partos de madres-niñas, en 2000, fue una cada 5 partos. Estas nenas
pertenecen, generalmente, a familias pobres. En Jujuy, el año
pasado, Ricardo Cuevas, jefe de ginecología del Hospital Pablo
Soria, de San Salvador, atendió un aborto incompleto de una niña de
10 años.
En el año 2000 por primera vez en la Argentina se
registraron muertes maternas en menores de 15 años. En el 2001
también ocurrieron 27 muertes maternas en adolescentes, de un total
de 297: de las muertes en menores de 20 años, una fue una niña de
entre 10 y 14 y se debió a un aborto.
A pesar de que desde hace
una década distintos estudios de opinión muestran que alrededor del
80 por ciento de la población está de acuerdo con la despenalización
del aborto en casos de violación, los legisladores hacen oídos
sordos y se resisten a modificar el Código Penal. En el Congreso hay
varios proyectos, pero ninguno avanza. La Iglesia Católica, desde
ya, se opone. Como también a que los adolescentes tengan acceso a
información sobre anticoncepción y a los métodos sin el permiso de
sus padres. Con una legislación que hiciera accesible y seguro el
aborto en estos casos, la historia de Miriam hoy sería un poco menos
triste. Su caso no sólo muestra el drama del abuso sexual
intrafamiliar sino el desamparo de las niñas y adolescentes frente a
un embarazo forzado y decididamente no deseado.