| Clarín Buenos Aires, 2O/2/03 El aberrante delito del abuso infantil Editorial Abusar física, sexual o emocionalmente de un niño es una de las aberraciones que más degrada la condición humana. Sin embargo, la frecuencia con que se suceden episodios de abuso pone sobre el tapete la frágil protección de los derechos de las niñas y los niños, especialmente los de condición humilde y más vulnerable.En los últimos días trascendieron los casos de empresarios y políticos de Salta, Catamarca y Bariloche que cometieron abusos y violaciones contra menores. En un motel de un paraje salteño, por ejemplo, se descubrió la presencia de una nena de ochos años en compañía de un empresario tabacalero, empleador de la madre de la criatura. El llanto de la nena alertó a los empleados del lugar, y con intervención policial se pudo detener al hombre. A partir de la publicidad de lo ocurrido, salió a la luz una densa trama de violaciones y vejaciones que involucran al empresario detenido y que tienen como víctimas a otras niñas relacionadas laboralmente con él. También se denunció una práctica ancestral de sometimiento sexual de niñas de baja condición social por parte de los patrones de la región. Más allá de lo terrible de estos episodios que trascendieron a la prensa, los expertos señalan que el abuso infantil es más común de lo que se imagina, y que en muchos casos ocurre en el seno mismo de las familias, sin distinción de condición social. Sin embargo, cuando las víctimas de los delitos son criaturas procedentes de hogares carenciados y sus victimarios pertenecen a sectores socioeconómicos acomodados, resalta la evidente degradación y desprotección a la que están sometidos los primeros, así como la actitud de impunidad con que acostumbran moverse los segundos. Porque salvo cuando es casualmente descubierto, como sucedió con el caso de Salta, el delito suele permanecer oculto e impune, lascerando la vida de las víctimas. Además de ser difícil de probar, excepto cuando hay lesiones notorias, el abuso sexual está rodeado de una serie de prejuicios sociales que apuntan a culpabilizar a la víctima o a su familia. Más aún, tales prejuicios suelen trasladarse al accionar de las autoridades públicas y el manto de sospecha degrada todavía más a la víctima. Para proteger de manera efectiva los derechos de la infancia desvalida es preciso garantizar condiciones mínimas de dignidad para las familias. Y, a la vez, asegurar que el peso de la ley caiga contra quien cometa delitos aberrantes, cualquiera sea su condición social.
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