Resulta interesante hacer un breve recorrido por la historia que permita entender cómo se fue pensando la infancia respecto a la protección social desde el Estado, para comprender cómo surge este Programa
En Argentina, al igual que en toda América Latina, los discursos sobre la infancia y su control han pasado por diferentes etapas:
En este contexto fueron varios los intentos desde el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires por instalar programas que dieran alguna respuesta a los llamados "chicos de la calle" que por entonces comenzaban a hacerse notar deambulando por las calles de la ciudad.
En junio de 1992 se inaugura el CAINA (Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia), como parte de un circuito de trabajo en calle y derivaciones en hogares de tránsito o permanentes. (ver Origen del CAINA).
La etapa que se abre puede caracterizarse como un momento de transición entre la "doctrina de la situación irregular" y la de "Protección Integral". La primera considera al menor como sujeto peligroso y propone su rehabilitación a través de Comisarías, Tribunales, Institutos de Menores. El menor es objeto pasivo de intervenciones fragmentadas por parte de la familia, el Estado y la sociedad, y violatorias de sus garantías individuales. La segunda, por el contrario, considera al niño, niña y adolescente como sujetos plenos de derecho, merecedores de respeto, dignidad y libertad enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño (1991).
Las políticas que se aplicaban en la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la elección directa del Intendente, resultaban un compendio de las políticas nacionales dirigidas a una supuesta clase media que no presentaba mayores demandas.
La reorganización político - administrativa de la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma desde 1996 replantea la necesidad de adecuar los avances sociales y normativos en el desarrollo de las políticas públicas, entre ellos los derechos y garantías que deben gozar los niños, niñas y adolescentes en nuestra Ciudad. La doctrina de protección integral ha sido incluida en el texto constitucional de la Ciudad de Buenos Aires (cap. 10, art. 39), logrando carácter jurídicamente vinculante.